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RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011

CASO RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:

1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 23 de noviembre de 2009.

2. La Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia emitida por el Tribunal el 19 de mayo de 2011 mediante la cual declaró, inter alia, que se encontraba pendiente de cumplimiento la obligación de:

f) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco y colocar en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia [...]);

3. Las comunicaciones de 14 de julio y 29 de agosto de 2011, mediante las cuales los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado" o "México") presentaron información sobre el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal en el presente caso (supra Visto 1). Asimismo, las comunicaciones de 16, 18 y 29 de noviembre de 2011, mediante las cuales el Estado presentó información sobre la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la develación de una placa rememorativa de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco (supra Vistos 1 y 2).

4. El escrito de 17 de octubre de 2011, a través del cual los representantes de las víctimas (en adelante "los representantes") presentaron sus observaciones a las comunicaciones de 14 de julio y 29 de agosto de 2011 presentadas por el Estado (supra Visto 3).  Además, los escritos de 10, 18 y 29 de noviembre de 2011, mediante los cuales los representantes se refirieron a la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad y a la develación de una placa rememorativa realizados en el presente caso (supra Visto 3).

5. La comunicación de 8 de noviembre de 2011, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") presentó sus observaciones al informe estatal de 29 de agosto de 2011 (supra Visto 3). Asimismo, la comunicación de 29 de noviembre de 2011, a través de la cual la Comisión presentó sus observaciones a la información remitida por el Estado y los representantes sobre la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad y la develación de una placa rememorativa (supra Vistos 3 y 4).

Considerando QUE:

1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte supervisar el cumplimiento de sus decisiones.

2. México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002.

3. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones[1].

4. Recientemente el Tribunal recibió de las partes vasta información sobre la realización, por parte del Estado, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad durante el cual también se develó una placa rememorativa de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. En vista de la información presentada y de las afirmaciones realizadas principalmente por el Estado y los representantes, en la presente Resolución la Corte se pronunciará solamente sobre dichos puntos.

Obligación de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, y de colocar en un sitio en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos de su desaparición forzada (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia).

A.   Alegatos del Estado.

5. El Estado informó que en cumplimiento de la Sentencia, el 17 de noviembre de 2011 llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con la presencia del Secretario de Gobernación en funciones y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, así como de los siguientes funcionarios del Estado de Guerrero: el Gobernador, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero. Durante dicho acto también se develó una placa rememorativa de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. El Estado presentó diversos documentos, videos y audios sobre los detalles logísticos y de coordinación para la celebración de dicho acto, así como sobre su efectiva realización. Relacionado con este punto, en el informe presentado el 29 de agosto de 2011, el Estado señaló que "como un acto de buena fe y de pleno compromiso con la promoción y el respeto a los derechos humanos, el Ejecutivo Federal, a través del [entonces] Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación [...] pronunció un mensaje de reconocimiento de responsabilidad respecto de lo ocurrido en el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco[; el cual] fue difundido en la hora nacional transmitida el domingo 14 de agosto [de 2011]". El Estado remitió una copia del video difundido.

6. Con relación a información presentada por los representantes sobre el incumplimiento de algunos aspectos de esta medida de reparación (infra considerandos 8 y 9), el Estado señaló que, desde su punto de vista, dicho acto público "cumplió con todos los requerimientos de la [S]entencia". En tal sentido, el Estado mencionó que "no sólo tuvo un extenso diálogo [con las víctimas y sus representantes], sino que atendió todos y cada uno de sus requerimientos, incluyendo el programa del evento, el lugar en que se celebraría, el nivel de representación del Estado, el texto de la placa de reconocimiento de responsabilidad, el discurso del Secretario de Gobernación, e incluso los párrafos de la [S]entencia a los que se dio lectura como parte del reconocimiento de responsabilidad del Estado"[2]. Además, expresó que "el Estado cumplió, con creces y en demasía, con todos los acuerdos a los que había llegado con los peticionarios, a lo largo de 5 reuniones previas, incluso en un momento institucional muy complejo derivado del trágico accidente ocurrido [...] en el que perdieron la vida el [entonces] Secretario de Gobernación [...] y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, [...] responsable directo de la organización del acto de reconocimiento de responsabilidad". El Estado mencionó que "no escapará a la atención de la [...] Corte que el Gobierno de México realizó indudables esfuerzos para atender todas las solicitudes de las víctimas y sus representantes, incluso en aspectos no necesariamente precisados en la [S]entencia".

7. Por otra parte, el Estado señaló que "la ausencia de las víctimas y de sus representantes [en el acto público de reconocimiento de responsabilidad] obedece a su exclusiva decisión y responsabilidad". Al respecto, mencionó que en una reunión celebrada el 9 de noviembre de 2011 con los representantes, ante su solicitud de que al acto asistiera el entonces Secretario de Gobernación, el Estado se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para asegurar su presencia. Sin embargo, en opinión del Estado, la asistencia de otros funcionarios estatales, lo cual ya era del conocimiento de los representantes, cumplía con el extremo de la Sentencia relativo a la "presencia de altas autoridades nacionales". El Estado señaló que, al día siguiente, se tomó la decisión de que el Secretario de Gobernación estaría presente en el acto público de reconocimiento de responsabilidad que inicialmente se llevaría a cabo el 14 de noviembre de 2011. No obstante, el 11 de noviembre los representantes emitieron un comunicado de prensa e informaron al Tribunal que dicho funcionario había "cancelado su participación" en el acto público referido. Al respecto, el Estado mencionó que, posteriormente, los representantes habían mencionado que había habido una "confusión respecto a la postura del Estado", sin embargo, éste aclaró que no hubo tal confusión, dado que durante la reunión celebrada el 9 de noviembre el Estado se había comprometido a hacer las gestiones pertinentes respecto a la asistencia del Secretario de Gobernación. Así, el 11 de noviembre de 2011 se confirmó a los representantes que dicho funcionario estaría presente en el acto público de reconocimiento de responsabilidad pero que, para sorpresa del Estado, los representantes manifestaron que no asistirían a dicho evento. Luego del accidente en el cual falleció el entonces Secretario de Gobernación, el 15 de noviembre de 2011 el Presidente de la República dio una serie de instrucciones a "los funcionarios competentes del Estado", entre otros, para "realizar todos los esfuerzos para que el acto de reconocimiento de responsabilidad se llevara a cabo a la mayor brevedad" y para "solicitar la comprensión de las víctimas y sus representantes para tal fin"[3]. Por ello, "por razones de agenda, fácilmente comprensibles, se determinó que la fecha en que la podrían coincidir [los funcionarios federales y estatales previstos para ello] sería el 17 de noviembre de 2011". El Estado mencionó que "estimó que se contaría con la comprensión y presencia de las víctimas y sus representantes" en dicho acto pues "se les ofreció todo el apoyo material y de cualquier tipo para que participaran en el [mismo]; dado el altísimo nivel de representación del Estado; y en virtud de que se habían satisfecho, sin excepción, todas las solicitudes de las víctimas y sus representantes".  

B. Alegatos de los representantes.

8. Los representantes manifestaron que "el Estado llevó a cabo el acto de reconocimiento público ordenado por la [...] Corte [cumpliendo] parcialmente con los elementos ordenados en la Sentencia [...]", tales como su realización "mediante una ceremonia pública", "en presencia de altas autoridades nacionales", y "en desagravio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en el lugar pactado, [con] discursos de los funcionarios [haciendo] referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia [...]". No obstante, también señalaron que México "no cumplió con [...] elementos fundamentales" de lo ordenado en relación con este punto, puesto que "determinó unilateralmente la fecha de la realización del acto", es decir, el 17 de noviembre de 2011, y porque no se realizó en presencia de los familiares del señor Radilla Pacheco. Los representantes hicieron referencia a diversas gestiones realizadas con el Estado con anterioridad a fin de llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad originalmente el 14 de noviembre de 2011. En este sentido, manifestaron que, debido a un desacuerdo en cuanto a la asistencia del Secretario de Gobernación al acto mencionado, lo que según los representantes ya había sido acordado con el Estado, ellos "asumi[eron] la suspensión del [mismo] para el día en que estaba inicialmente programado", y que esto fue confirmado por el Estado a partir del fallecimiento, el 11 de noviembre de 2011, de los funcionarios que encabezarían este evento. Los representantes señalaron que el "diálogo fue retomado por las partes, y el Gobierno propuso, inicialmente, realizar el acto en los días 25 o 18 de noviembre". Sin embargo, debido "a que Tita Radilla tenía compromisos fuera de México en la semana del 25 de noviembre, que habían sido adquiridos varios meses antes y que, además, recibiría el premio Ponciano Arriaga Leija de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el día 18 de noviembre en [la Ciudad de México], se propuso al Gobierno considerar otras fechas". En una carta de 14 de noviembre de 2011 dirigida por los representantes al Estado también se menciona que "después de diversas consultas con la familia Radilla, ellos y sus representantes, no esta[ban] de acuerdo en que el evento [fuera] realizado el día [18 de noviembre de 2011...] en razón del desgaste emocional que ocasionó el proceso [de preparación y cancelación del acto público de reconocimiento de responsabilidad]. 

9. Adicionalmente, los representantes expresaron que pese a que el Estado se había comprometido a una reunión que se llevaría a cabo del 18 de noviembre de 2011 para la fijación, en común acuerdo, de una nueva fecha para el acto público ordenado, los representantes fueron notificados a las 14:00 horas del día 16 de noviembre de 2011 de que dicho acto se llevaría a cabo a la mañana siguiente, lo cual sucedió no obstante las objeciones de los representantes. Al respecto, indicaron que la asistencia de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco al acto público de reconocimiento de responsabilidad sería "material[mente]" imposible puesto que: i) los miembros de la familia se habían esparcido y enfrentaban "la dificultad física de reagruparla en menos de 24 horas"; ii) "la señora Tita Radilla tenía programada, desde hace varias semanas, una consulta médica en Acapulco[, ...] la cual no podía dejar de asistir dada su situación actual de salud", y iii) existía una "dificultad real de garantizar la oportuna invitación a asistir al acto a todas las organizaciones de víctimas, de derechos humanos nacionales e internacionales y de la sociedad civil en general que habían sido convocadas por la familia Radilla y sus representantes para la primera fecha [...]".

C. Alegatos de la Comisión.

10. La Comisión Interamericana valoró positivamente la información proporcionado por el Estado "en cuanto a la realización del acto de 17 de noviembre de 2011". No obstante, observó con preocupación la ausencia de participación de los representantes en dicho acto público de reconocimiento de responsabilidad, por lo que consideró que ello "impide tener por cumplido este punto de la Sentencia". En consecuencia, solicitó a la Corte que requiera información a las partes sobre las medidas que pudieran adoptarse a la brevedad para dar efectivo cumplimiento a dicha obligación.

D.   Consideraciones de la Corte.

11. La información que consta en el expediente indica que los representantes y el Estado coinciden al señalar que sostuvieron diversas reuniones a fin de acordar los aspectos relativos a la celebración del acto público de responsabilidad y a la develación de la placa rememorativa de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ambas ordenadas en la Sentencia. Dicho acto público originalmente se llevaría a cabo el 14 de noviembre de 2011. Para ello, las particularidades de dicho evento ya habían sido aprobadas por los representantes, sin embargo, estos insistían en que a dicho acto asistiera el Secretario de Gobernación. Al respecto, en su Sentencia la Corte dispuso que el acto público de reconocimiento de responsabilidad debía llevarse a cabo, entre otros aspectos, "en presencia de altas autoridades nacionales y los familiares del señor Radilla Pacheco". Por lo tanto, pese a que en la Sentencia no se ordenó específicamente que durante dicho acto estuviera presente el Secretario de Gobernación de México, la Corte toma nota de que, no obstante, el Estado hizo esfuerzos importantes a fin de que dicho funcionario pudiera asistir al mencionado acto público. Sin embargo, en virtud de su fallecimiento, se pospuso la celebración del mismo. Finalmente, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y la develación de la placa tuvieron lugar el 17 de noviembre de 2011 en la ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero.  

12. Por otro lado, la Sentencia ordena que el "Estado y los familiares del señor Radilla Pacheco y/o sus representantes, deb[ían] acordar [la] modalidad de cumplimento [del acto público de reconocimiento de responsabilidad] así como las particularidades que se requi[rieran], tales como el lugar y la fecha para su realización". Al respecto, de la información proporcionada por las partes surge que ya existía acuerdo entre los representantes y el Estado sobre el programa del acto público de reconocimiento de responsabilidad, el lugar en el que se llevaría a cabo, el texto de la placa que se develaría, el discurso que pronunciaría el Secretario de Gobernación y los párrafos de la Sentencia a los que se daría lectura durante el mismo. En tal sentido, en la información presentada por los representantes la Corte no encuentra motivos suficientes para considerar que existían imposibilidades insuperables de los familiares del señor Radilla Pacheco para asistir al acto celebrado el 17 de noviembre de 2011. Si bien el aviso de la realización del mismo se dio a los representantes tan sólo un día antes, el nivel de los funcionarios estatales confirmados, lo cual incluyó a dos Secretarios de Estado, al menos uno de ellos a solicitud de los propios representantes, y el hecho de que los aspectos esenciales del mismo ya habían sido acordados anteriormente con los representantes, ameritaba un esfuerzo por parte de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco para asistir al acto público de reconocimiento de responsabilidad. Además, consta que el Estado les ofreció el apoyo que fuera necesario para que pudieran acudir a dicho acto.  

13. Teniendo en cuenta la información presentada por las partes así como el sustento documental aportado, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento al punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia dictada en el presente caso (supra Visto 1).

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,

DECLARA QUE:

1.  De conformidad con lo señalado en los Considerandos 11 a 13 de la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento al punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada en el presente caso.

Y RESUELVE:

1. Mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las demás obligaciones de la Sentencia pendientes de acatamiento, de conformidad con la Resolución de 19 de mayo de 2011 dictada en el presente caso.

2. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  notifique la presente Resolución a los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.

Diego García-Sayán

Presidente

Leonardo A. Franco  

          

Manuel Ventura Robles 

Margarette May Macaulay  

       

Rhadys Abreu Blondet 

Alberto Pérez Pérez

                          

Eduardo Vio Grossi

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Diego García-Sayán

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

 Secretario

[1]Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2011, considerando tercero, y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de octubre de 2011, considerandos tercero y cuarto.

[2] El Estado detalló que accedió, a solicitud de los representantes, a que el acto público de reconocimiento de responsabilidad se llevara a cabo en la Ciudad de Atoyac de Álvarez, Guerrero, aunque la Sentencia no lo especificaba, que el programa de dicho acto también fue acordado con los representantes, además del texto de la placa rememorativa develada y los párrafos de la Sentencia que se leyeron durante el mismo; el discurso pronunciado por el Secretario de Gobernación en funciones también "fue sometido a consideración de las víctimas y sus representantes", entre otros.

[3]Asimismo, el Presidente de la República instruyó a tales funcionarios que "acomodaran sus agendas priorizando la satisfacción inmediata de las solicitudes de los peticionarios; llevar a cabo el evento con la presencia incluso de dos Secretarios de Estado[;] brindar todas las facilidades a las víctimas y sus representantes para la celebración del evento[, y] solicitar el apoyo de las altas autoridades del Estado de Guerrero para cumplir con ese propósito".